Desde Lisboa, Portugal, última escala de su gira internacional, el presidente Gustavo Petro anunció este sábado que acepta el llamado que le hizo la Corte Suprema de Justicia «a la sensatez, respeto y cordura», aunque sin citar explícitamente estas expresiones, por su confrontación verbal con el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, pero volvió a fustigar a este alto funcionario.
En un comunicado el mandatario colombiano afirmo que respeta y respetará la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público, pero, advierte, «como Presidente de la República no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias», en tácita referencia al hecho que causó el último enfrentamiento.
Este el texto integral del pronunciamiento del presidente Petro:
-La preservación del orden público y el desarrollo de la política criminal requieren de la colaboración armónica entre los diferentes poderes del Estado, fundamentalmente del Presidente de la República y de la Fiscalía General de la Nación.
La Constitución del 91, que reconoce esta cuestión, le concede al Presidente la potestad para conformar la terna de la cual es elegido el Fiscal General. Además, la Carta Política le ordena al Fiscal, de acuerdo con el numeral 6º del artículo 251, suministrar al Presidente la información de las investigaciones que le sean requeridas cuando, como es el caso, esta sea relevante en materia de orden público.
Es verdad que, en términos generales, el Fiscal no está subordinado a funcionario alguno, pero sí que está subordinado a la Constitución y la ley. En situaciones como esta, en donde el Fiscal General entrega vagas explicaciones a los serios y gravísimos interrogantes que plantea un periodista, y que de ser ciertos pondrían en riesgo el orden público y la institucionalidad de la Justicia, no solo le está faltando el respeto al Presidente sino que está violando la Constitución.
Grave daño le hace el Fiscal General a la propia Fiscalía al guardar silencio frente a estas denuncias, que de ser ciertas implicarían nada más y nada menos que la complicidad de su ?scal delegado Daniel Hernández, del círculo mas cercano tanto de Néstor Humberto Martínez como de Francisco Barbosa, en el asesinato por omisión de más de 200 personas, incluyendo a niños y miembros de la Fuerza Pública. El ?scal Hernández continúa en su cargo pese a que fue imputado por prevaricato y por presuntamente amenazar a un testigo del caso Odebrecht, investigación que, según fuentes periodísticas, lo tienen en la mira del FBI.
Acepto el llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público. Pero como Presidente de la República no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias.
GUSTAVO PETRO URREGO
Presidente de la República de Colombia.
Previamente, el primer mandatario, en su cuenta en Twitter hizo estas precisiones:
-«El articulo 115 de la Constitución nacional designa al presidente de la República elegido por mandato popular como jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa.
No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del Estado.
Como jefe de Estado soy representante de la Nación ante el mundo y ante el pueblo.
Como representante del Estado ante el pueblo de nuevo pregunto: ¿Sabia la fiscalía de la existencia de una lista del clan del golfo con el nombre de 200 personas a las que iban a asesinar y que después, sin ninguna actividad preventiva de la fiscalía asesinaron?
El crimen de 200 personas ¿no es un crimen contra la humanidad?
El jefe del Estado ¿no puede preguntar como representante del pueblo si una institución pública del Estado y del poder judicial cumplió o no cumplió su deber constitucional?
Entre los presuntos asesinos de lesa humanidad no se encontraba un financiador de una campaña presidencial? ¿hay cercanía y amistad íntima entre el jefe de la institución investigadora y el jefe del Estado de ese entonces?
Si no hay respuesta, sino irrespeto permanente al jefe del Estado, se puede entender entonces que la justicia, en esta institución, no quiere o no puede investigar un crimen de lesa majestad?
Si no obtengo respuesta y la justicia, léase fiscalía, no quiere o no puede investigar un delito de lesa humanidad, no puede activar el jefe del Estado, los mecanismos que la Contitución y el Derecho internacional le confieren para que exista justicia?», concluyó Petro.
Luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara que como jefe del Estado era el jefe del Fiscal Barbosa, la Corte Suprema de Justicia, reaccionó con el siguiente comunicado:
«La Corte Suprema de Justicia registra con gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política, realizada y difundida en las últimas horas por el señor presidente de la República, porque desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de Derecho.
La Administración de Justicia, de la cual forma parte la Fiscalía General de la Nación, es la función pública que cumple el Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y, también, para hacer efectivas las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico. Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones.
El fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente de la República, es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial.
Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional.
La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos. La Justicia es un poder público patrimonio de Colombia».
