Por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de la megaobra para la renovación de 74 mil 461 metros cuadrados de vías y la construcción de un mirador turístico en ocho barrios de la localidad de Ciudad Bolívar, la Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra el subsecretario de Hábitat de Bogotá, Juan Carlos Arbeláez Murillo.
También incluyó en la actuación disciplinaria al representante legal del consorcio que ostenta el contrato, Mauricio Gómez Caicedo, el interventor de la obra, Fariel Enrique Morales Pertuz, y otros dos funcionarios de esa secretaría.
El ministerio público señaló que pudo establecer que para la megaobra, financiada con 45 mil millones de pesos del Sistema General de Regalías, habría deficiencias en los estudios y diseños del proyecto, ya que fueron elaborados en 2017 y no se actualizaron en cuanto a las condiciones topográficas, incremento de la población y volúmenes de tránsito, antes de comenzar la obra cuatro años después, en 2021.
Como consecuencia de esto, “al parecer no se contrataron todas las obras identificadas en los estudios y diseños presentados para la viabilización y aprobación del proyecto de inversión”, asegura el auto de apertura.
Otra de las fallas detectadas es la presunta ausencia de especificaciones técnicas de sismo resistencia, ya que no se habrían realizado los estudios necesarios para establecer el tipo de concretos con las resistencias necesarias para ejecutar las obras hidráulicas a que hubiere lugar. Tampoco se habría cumplido lo indicado en la norma técnica exigida por la Empresa de Acueducto de Bogotá (EEAB).
Los hallazgos de la Procuraduría revelan además un presunto incumplimiento del principio de planeación, debido a que el presupuesto para la estructuración del proyecto se realizó “indicando los costos de actividades relacionadas con paisajismo, mobiliario urbano y redes eléctricas, sin que obren las cantidades requeridas, debido a que no se ofertaron la totalidad de las obras necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato, como es el caso de las obras hidráulicas”, se explica en el auto de apertura.
Estas fallas en la planeación del proyecto han generado retrasos en su entrega y posibles sobrecostos por al menos $ 22 mil millones, denunciados recientemente por la Procuraduría, que están afectando al menos 100.000 habitantes cuyas vías de acceso se encuentran en una situación deplorable.
